Condena a furtivos en Albacete: respaldo histórico a cazadores legales y a la lucha contra el furtivismo

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha (FCCLM) ha celebrado con satisfacción el fallo de la Audiencia Provincial de Albacete en el que condena a dos personas por cazar liebres con galgos en un coto privado sin autorización, un delito de furtivismo que sigue castigando gravemente los recursos cinegéticos de la región y de España en general.

🔎 Qué ha decidido la justicia

La Audiencia Provincial ha considerado probado que los acusados estaban practicando caza ilegal de liebres con tres perros galgos dentro de un coto privado, sin permiso del titular, y pese a tener antecedentes por sanciones similares. El tribunal ha desaprobado la defensa de los acusados, quienes alegaron que lo que hacían era “dar deporte” a los perros, calificándolo como una excusa infundada.
La sentencia recalca que el furtivismo es un delito de mera actividad, por lo que no hace falta haber abatido ninguna pieza para que se consuma el delito: basta con acceder a un terreno cinegético sin la debida autorización para que se configure el tipo penal.

📣 Reacciones de las organizaciones de caza

La Federación ha valorado el fallo como “ejemplarizante” y un respaldo claro a las sociedades de cazadores y a la guardería rural, un colectivo que muchas veces opera solo, con pocos recursos y desbordado por la delincuencia cinegética.
El presidente de la Federación, Agustín Rabadán, ha destacado que condenas así son fundamentales para frenar la impunidad con la que actúan algunos furtivos, y ha reafirmado el compromiso de la organización con los cazadores que gestionan legalmente los recursos cinegéticos de la región.

💼 Medidas incluidas en la condena

Los acusados han sido sancionados con:

Multa económica,

Inhabilitación para ejercer la actividad cinegética,

Retirada de los tres perros galgos utilizados en la caza ilegal.

Estas penas reflejan el empuje judicial hacia el endurecimiento de sanciones frente a actividades que ponen en riesgo la viabilidad de los cotos tanto de caza menor como mayor.

🦅 El furtivismo en España: cifras y contexto general

El problema del furtivismo no es aislado en Albacete ni en Castilla-La Mancha: a nivel nacional, solo una fracción de los delitos contra la fauna acaba con sentencia firme. Según estudios recientes del proyecto europeo LIFE SWiPE, menos del 7 % de los casos de delitos contra fauna silvestre registrados entre 2015 y 2020 terminaron con sentencia judicial, y apenas el 0,8 % de los casos por furtivismo fue resuelto con condena.
Además, las cifras recogidas muestran que el furtivismo, el uso de venenos y métodos ilegales de captura son de los delitos más habituales en el campo español, con miles de casos registrados que rara vez llegan a juicio.

En 2025, la Guardia Civil realizó la operación “Atrax” para combatir veneno y métodos de caza ilegales, que se saldó con:

Más de 500 inspecciones realizadas,

91 infracciones penales,

351 administrativas,

62 personas detenidas o investigadas,

Intervención de 100 cebos envenenados y más de 660 medios ilegales de caza.

Estos datos reflejan el esfuerzo continuado de las fuerzas de seguridad por frenar prácticas que dañan seriamente la biodiversidad, afectan a especies protegidas y ponen en riesgo la gestión cinegética ordenada.

🧭 Guardia rural y Seprona: claves en la lucha contra el furtivismo

La actuación conjunta entre guardas rurales, sociedades de cazadores y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil es cada vez más frecuente y necesaria. Casos como el de Albacete se detectan muchas veces por la labor diaria de guardería en coordinación con Seprona, lo que demuestra la importancia de una vigilancia efectiva en los cotos.
Además, recientes operaciones en Ciudad Real han permitido detener a miembros de redes de caza ilegal con galgos que operaban con tecnología avanzada y ponían en riesgo tanto la biodiversidad como la seguridad rural.

🏹 La posición social y económica de la caza legal

A pesar de la problemática con furtivos, la caza legal sigue siendo una actividad socialmente aceptada y económicamente relevante en España. Encuestas recientes señalan que más del 70 % de la población española respalda la caza regulada, destacando su papel en la conservación del medio rural y en la economía local.
Este respaldo social se traduce en una mejor coordinación entre administraciones, organizaciones de cazadores y fuerzas de seguridad para proteger tanto la economía cinegética como la biodiversidad en general.